Endeudar a las familias que no pueden asumir el alquiler debido a la crisis sanitaria no era una solución. Así lo manifestamos decenas de organizaciones sociales: los microcréditos solo
beneficiaban a las entidades financieras y a los propietarios, mientras que las familias más vulnerables quedaban completamente desprotegidas. Por ello, la huelga de alquileres seguía
siendo una obligación moral: había que proteger a todas las familias que no aceptaban endeudarse para seguir pagando alquileres a precio de burbuja.
La oposición frontal de los Comités de Huelga a los microcréditos ha conseguido que el Gobierno vuelva a reaccionar. Esta vez, el Ejecutivo central ha puesto en marcha un plan de ayudas para el alquiler, gestionado de forma independiente por las Comunidades Autónomas. Este plan de ayudas supone un ligero cambio de dirección en las políticas en materia de vivienda del Gobierno, aunque solo sea porque se han dado cuenta que endeudar a los hogares inquilinos era una irresponsabilidad. De lo que se trata es de garantizar la solvencia de los miles de hogares que están con el agua al cuello.
Estas ayudas son solo una medida paliativa para no dejar en la estacada a las familias más vulnerables. Sin duda, estas ayudas son un paso adelante en la atemperación del sufrimiento social de muchas familias que se han quedado sin ingresos pero tienen que seguir pagando alquileres a precio de oro. Sin embargo, no dejan de ser un parche, con meses de demora, incapaz de solventar el problema de la vivienda agravado por la crisis sanitaria. Por varias razones.
En primer lugar, estas ayudas son una transferencia de dinero público directa a los bolsillos de los rentistas y del lobby inmobiliario. Dicho de otro modo, igual que los microcréditos, estas ayudas siguen blindando los privilegios de los grandes propietarios: fondos buitre, socimis y rentistas que llevan subiendo los precios del alquiler desde hace años. Esta vez, a pesar que estas ayudas alivien a miles de familias, los privilegios del lobby inmobiliario seguirán intactos. Igual de preocupante es que el dinero público que ahora se dedica a salvar a la economía rentista se acabe traduciendo a medio plazo en recortes en los servicios públicos.
En segundo lugar, estas ayudas dejan fuera a una gran mayoría de familias. La realidad de muchas grandes ciudades, principalmente Barcelona y Madrid, es un precio medio de alquiler por encima de los 900€, la cifra tope que el Gobierno ha decidido imponer para cubrir el alquiler a familias que residan en estas ciudades. No es casualidad que en tan solo una semana la Comunidad de Madrid haya agotado el cupo de las ayudas.
Por último, los trámites burocráticos de estas ayudas excluyen a las personas con menos recursos, por ejemplo aquellas que se encuentran residiendo en situación irregular, inquilinos que
no se hayan podido empadronar por algún motivo en su actual residencia, o inquilinos que no tengan un contrato por escrito y realicen su pago en metálico. Además, estos trámites se tienen
que repetir cada mes, generando una tensión añadida a las personas afectadas. Estas ayudas siguen reproduciendo la lógica excluyente de la administración: utilizar la burocracia como un
tapón que impida el acceso a los más pobres.
En definitiva, las ayudas para el alquiler son solo un paso paliativo, totalmente insuficiente para solucionar la grave crisis de vivienda que atraviesa el Estado español. La carga sigue recayendo sobre las espaldas de las familias que viven de alquiler, y en particular sobre aquellos más vulnerables y con menos recursos. Mientras, los fondos buitre y los rentistas mantienen su intereses intactos. Lo más sencillo hubiera sido suspender los alquileres desde el inicio de la crisis.
A todos los hogares inquilinos en situación de vulnerabilidad que no van a recibir ninguna ayuda les recordamos: no estáis solos. Hay una alternativa: sumaros a la huelga de alquileres. Si no cobramos, no pagamos. Tenéis nuestro apoyo. Ya son más de 16.000 familias que se han sumado. Nos estamos organizando. Porque juntas somos más fuertes.