El pasado 21 de noviembre, la nueva Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se comprometió en su discurso inaugural a “proteger a los pequeños propietarios” que ponen en alquiler “una segunda vivienda que complementa sus rentas”. Entendemos que es el peor estreno posible para la titular del Ministerio encargado de implementar una Ley de Vivienda que, hasta ahora, se ha demostrado incapaz de resolver, tal y como advertimos desde el principio, los inmensos problemas a los que nos enfrentamos las millones de personas que no disponemos de (ni siquiera) una vivienda en propiedad.
La ministra de Segunda Vivienda no especificó qué tipo de amenaza se cierne sobre los propietarios de viviendas en alquiler, perpetuando así los bulos que corren sobre ese selecto club de rentistas del que solo forma parte un 5,8% de la población adulta, según datos de la Agencia Tributaria. Lo cierto es que, conforme a la evidencia científica disponible, los caseros tienen una renta anual media de 46.700 euros, el doble que la de los inquilinos. Que incluso si se les restasen los ingresos por el alquiler, seguirían siendo la población más rica del país. Que el porcentaje de caseros en riesgo de pobreza apenas alcanza el 6% (un 0,6% de la población total), mientras que el 50% de los que gastamos la mitad de nuestro salario cada mes en pagar un alquiler estamos en riesgo de exclusión. No tiene ningún sentido centrar las políticas públicas de vivienda en proteger a ese 0,6% de la población que son “renstistas vulnerables” mientras una parte cada vez mayor de la sociedad no tenemos acceso a un lugar digno, estable y seguro al que llamar hogar. La población que debería ser objeto de especial protección somos las que no tenemos viviendas en propiedad y, más aún, las que ni siquiera conseguimos acceder a una vivienda.
Estas preocupantes afirmaciones no parecen tener más propósito que seguir postergando los compromisos de este Gobierno, tanto los que adoptó en campaña como los que les impone la propia normativa vigente, a su vez insuficiente debido a que las instituciones públicas siguen prefiriendo estar al servicio de la especulación inmobiliaria que del lado del derecho a la vivienda. Nuestras casas no son un bien de mercado con el que alguien debería poder completar sus rentas. Nuestros barrios no son un laboratorio sobre el que probar diferentes estrategias de mercado para sacar más rentabilidad a nuestras viviendas. Las casas son para quienes las habitamos, y la vivienda debería estar igual de protegida y asegurada para toda la población como la educación o la sanidad, al ser una necesidad básica esencial para poder desarrollar un proyecto vital digno como personas.
El objetivo de toda institución pública debería ser desmercantilizar la vivienda y prohibir la especulación con la misma. Sin embargo, vemos como este nuevo Gobierno nace una vez más al servicio de la patronal inmobiliaria. Ante esto, no nos debemos resignar. Organizarnos junto a nuestras vecinas en el Sindicato demuestra cada día ser la mejor herramienta y garantía de nuestros derechos. Somos nosotras las que defendemos y hacemos realidad el derecho a la vivienda día a día. Si no lo has hecho todavía, únete a la nuestra lucha, que es la de todas.
Una Ley insuficiente que ni siquiera respeta sus propios tiempos
Tras 5 meses desde su entrada en vigor, todavía hay aspectos de la Ley de vivienda que no se han puesto en marcha. Por ello, exigimos la inmediata implementación y desarrollo de la Ley de Vivienda en todo el territorio y, especialmente, recordamos:
- Que, conforme a su Disposición Adicional 1ª, “para el desarrollo de lo previsto en esta ley, se conformará una base de datos de contratos de arrendamiento de vivienda (…) para el desarrollo del Sistema de índices de referencia del precio del alquiler”. La lentitud del Gobierno central en desarrollar esta base de datos está impidiendo la aplicación del tope a los alquileres en zonas tensionadas, tal como se está comprobando en Catalunya.
- Que la Disposición Adicional 5ª de la ley establece que “en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley se constituirá un grupo de trabajo para avanzar en una propuesta normativa de regulación de los contratos de arrendamiento de uso distinto del de vivienda (…) en particular, de los contratos de arrendamiento celebrados por temporada”. El próximo 26 de noviembre finalizará el plazo de 6 meses sin que nada se haya hecho al respecto. Mientras tanto, exactamente tal como alertamos el mismo día de aprobación de una ley que ignoró nuestras enmiendas, los alquileres temporales han crecido un 40%, por lo que cada vez más inquilinas quedan a merced del chantaje de unos caseros que evitan sin consecuencias las limitaciones a la actualización anual de la renta. Urgimos a la creación de un grupo que delimite el objeto de los alquiler turísticos y temporales para acabar con este fraude de ley generalizado.
