¿Qué ha conseguido el Sindicato?

Conflictos individuales

Desde el inicio del sindicato en 2017, hemos acompañado a vecinas de todo Madrid en cientos de conflictos individuales con sus arrendadores.

Los intentos de abuso que más se han repetido en los últimos años han sido:

  • No devolución de la fianza al finalizar el contrato
  • Cláusulas abusivas en los contratos de alquiler
  • Finalización de contrato antes del tiempo marcado
  • No reparación de desperfectos estructurales en la casa como goteras o pintura
  • Cobro de gastos estructurales como comunidad de vecinos o IBI

Gracias a la acción del sindicato, hemos conseguido resolver la totalidad de los conflictos individuales en los que hemos intervenido con negociaciones más favorables al inquilino que las planteadas inicialmente.

Conflictos colectivos

Aunque los conflictos individuales formen parte de nuestra estrategia, es en los grandes conflictos donde demostramos mayor poder de negociación e impacto. Estos conflictos con las mayores entidades financieras de nuestro país son muy significativos por el número de personas afectadas y por la magnitud de los abusos evitados, que en muchos casos exigían subidas del alquiler de entre el 100 y el 300%.

Madrid contra Blackstone

  • Conflicto cerrado

  • 80 contratos firmados

Desde 2019, cientos de inquilinos e inquilinas de toda la Comunidad de Madrid se empezaron a sumar al Sindicato de Inquilinas para organizarse frente a las subidas abusivas en el precio del alquiler que trataba de imponer el mayor propietario de viviendas de España. Bloques de viviendas de los PAU de Carabanchel y Vallecas, de Torrejón de Ardoz y de Tres Cantos iniciaron la denuncia pública, la movilización y la presión vecinal a través del conflicto #MadridVsBlackstone. Esta campaña tenía como objetivo negociar colectivamente nuevos contratos y oponerse a las subidas de renta de hasta un 100%. Tras dos años de organización colectiva, de resistencia de #BloquesEnLucha #NosQuedamos con más de 80 inquilinas fuera de contrato y convencidas de que la acción sindical era la única vía para continuar en sus viviendas, a principios de 2021 el fondo buitre cedió ante la presión y se sentó a negociar. Comenzaba así la mayor negociación colectiva del movimiento por el derecho a la vivienda. Meses después, pudimos anunciar que habíamos ganado a Blackstone y que todas las personas organizadas en el Sindicato firmaron más de 80 nuevos contratos de alquiler sin subidas abusivas, por una duración de 7 años y otros 3 prorrogables.

Argumosa 11

  • Conflicto cerrado

  • Nueva Ley de Arrendamientos Urbanos

Las familias de Argumosa 11 nos contactaron porque les querían subir el alquiler un 300%. Algunas de las personas afectadas, como Pepi, llevaban más de 20 años viviendo en el edificio. #Argumosa11 se convirtió en el primer #BloqueEnLucha del Sindicato. Junto a otros colectivos, luchamos para que no se expulsara a ninguna de las familias. #Argumosa11 se convirtió en un símbolo de las subidas abusivas de los alquileres y el nuevo ciclo de especulación que estaba viviendo Madrid. Conseguimos paralizar muchísimos desahucios. Naciones Unidas exigió al Gobierno que las familias no fueran desahuciadas, ya que iba contra los acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos firmados por España. El 22 de febrero del 2019, un fuerte dispositivo policial procedió a ejecutar el desahucio simultáneo de cuatro de las viviendas. Cientos de personas acudieron a paralizar el desahucio y decenas se encerraron en el edificio. Tras varias horas, el desahucio finalmente se produjo. Tuvo un fuerte impacto mediático y desde las portavocías del Sindicato señalamos la necesidad de que el Gobierno realizara cambios legislativos y regulara el precio de los alquileres. Dos semanas más tarde, el Gobierno aprobaba una nueva Ley de Arrendamientos Urbanos que incluía algunas de las reivindicaciones del Sindicato.

Vivenio

  • Conflicto cerrado

  • Más de 100 contratos firmados

La socimi Vivenio intentó subir los alquileres de forma abusiva en sus bloques de Vallecas. Junto con PAH Vallekas organizamos a las inquilinas e inquilinos, denunciamos públicamente a la socimi y les exigimos un proceso de negociación. Al final aceptaron las condiciones que les pusimos y todas las familias pudieron firmar contratos nuevos sin subidas abusivas.

Santa Ana

  • Conflicto cerrado

  • Dos años de prórroga tras la finalización de contrato

  • indemnizaciones equivalentes a dos años de alquiler

Las vecinas de Santa Ana, 8, en el barrio de La Latina, nos contactaron cuando el fondo buitre Ares Management compró su edificio y les comunicó que tenían que abandonar sus viviendas al finalizar su contrato. El Sindicato de Inquilinas les ayudó a organizarse y forzar una negociación gracias a la cual resistieron en sus hogares casi dos años desde la finalización de su contrato siguiendo la estrategia #nosquedamos. Durante estos dos años las vecinas de Santa Ana realizaron acciones de calle para aumentar la presión, como escrachar la oficina del fondo, hablar con medios de comunicación y organizar un “desahucio en el pesebre” en navidad. Además de prolongar la salida del edificio dos años, gracias al sindicato de inquilinas, las vecinas de Santa Ana recibieron indemnizaciones equivalentes a dos años de alquiler para abandonar sus hogares.

La Caixa

  • Conflicto abierto

  • 500 familias afectadas

En plena pandemia 500 familias repartidas en distintas promociones de la “obra social” de La Caixa entre Pinto, Vallecas y Vicálvaro comenzaron a sufrir las prácticas abusivas de este banco cuando decidió subirles abusivamente sus alquileres de manera escalonada, incumpliendo directamente la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esta historia venía de antes cuando descubrimos que los contratos firmados desde un principio estaban plagados de cláusulas abusivas en las que, por ejemplo, obligan al arrendatario al pago del IBI o del seguro de caución.

Además, no podemos olvidar que ahora mismo estas prácticas están siendo avaladas por los poderes públicos debido a la reciente fusión de CaixaBank con Bankia, cuya participación era mayoritariamente pública. Actualmente estamos luchando para que La Caixa acepte sentarse en una mesa de negociación con el Sindicato para poder resolver tanto este conflicto como los de otras 100 familias organizadas en L’Hospitalet de Llobregat con nuestras compañeras del Sindicat de Llogateres.

Familia Castro Lomas

  • Conflicto abierto

  • 150 hogares afectados

  • Recuperamos 25.000€ por subidas ilegales

Tres bloques ubicados en Paseo de la Chopera, Avenida Valladolid y Calle General Martín Cerezo, se organizaron de forma colectiva para exigir la devolución de las subidas ilegales que las caseras les habían impuesto de más de un 2%. Fue en ese momento cuando la propiedad, cediendo a la presión de las inquilinas organizadas un total de 25000€ que habían intentado estafar previamente.
Después de esto, muchas inquilinas ahora se enfrentan a otra práctica abusiva: la no renvación de sus contratos. Aún así han decidido unirse a la campaña #NosQuedamos del Sindicato de Inquilinas y no aceptar ninguna subida hasta conseguir una negociación colectiva, a pesar de la finalización del contrato.

Reformas legislativas

En abril de 2018 acudimos por primera vez al Congreso de los Diputados para presentar a todos los partidos políticos nuestras reivindicaciones en materia de vivienda. Desde entonces, hemos conseguido muchos avances y situado temas como el control de precios de los alquileres en la agenda política.

En diciembre de 2019 el Gobierno reformó vía Decreto la Ley de Arrendamientos Urbanos. Nos posicionamos en contra de esta reforma, porque permitía subidas de los alquileres durante los años que los contratos estuvieran vigentes. Nos reunimos con el Gobierno y les hicimos saber nuestro descontento porque el cambio era muy insuficiente. También nos reunimos con todos los grupos parlamentarios para que votaran en contra del Decreto por esa misma razón, y para que se promoviera una LAU más garantista. En enero de 2020 el Decreto fue rechazado por el Congreso, pero dos meses más tarde se aprobaba una nueva reforma de la LAU que recogía las reivindicaciones del Sindicato. Estas eran:  alargar la duración de los contratos de alquiler, pasando de un mínimo de tres años a un mínimo de cinco y siete años (dependiendo del tipo de propietario), sin que pudieran subir el alquiler durante estos años (solo subidas vinculadas al IPC). Además, también conseguimos otras medidas, como ampliar el plazo de notificación para que una persona tenga que abandonar su vivienda, de ser un mes, conseguimos que se extendiera a dos y cuatro meses (dependiendo del tipo de propietario).

En septiembre de 2020 conseguimos que el Parlament de Catalunya aprobara la ley 11/2020 de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda, lo que ha permitido congelar y rebajar los precios del alquiler en 61 municipios que estaban tensionados. Un año después de la regulación queda demostrado que el precio de los alquileres ha bajado más en los municipios regulados que en los no regulados sin desincentivar nuevos contratos.

Desde entonces hemos intentado que esta ley se extienda al resto de comunidades autónomas. En octubre de 2020 conseguimos el compromiso del Gobierno para que aprobara la regulación del precio de los alquileres a nivel estatal.

Durante la pandemia impulsamos, junto con otros colectivos, una huelga de alquileres como respuesta a la postura de una gran parte de los arrendadores de vivienda habitual, y de locales de pequeños negocios, que se negaban a responder solidariamente a la imposibilidad de sus inquilinos de satisfacer las rentas de los alquileres. Con ella logramos ejercer la presión necesaria en el Gobierno para que en el Real Decreto del llamado Escudo Social, se incluyesen medidas destinadas a proteger a los inquilinos del oportunismo de la clase rentista. Aunque estas medidas no tuvieron el calado suficiente, tanto en su contenido como en su ejecución para garantizar la protección necesaria, dichas propuestas no tenían precedentes. Además de proteger una buena parte de los conflictos surgidos, aportaron un clima favorable para demostrar la necesidad de desarrollar leyes estables y garantistas en materia de vivienda que tuvieran recorrido más allá de la pandemia, es decir, un ley de vivienda que unos meses después empezaría a estar constantemente presente en el debate público.

Entre estas medidas estaban la prohibición de rescindir unilateralmente, por parte de los caseros, los contratos de arrendamiento vencidos durante el estado de alarma, obligando a estos a aceptar prórrogas de hasta 6 meses a petición del inquilino. Estas prórrogas, además, se extenderían mucho más allá del estado de alarma, y ayudaron a evitar la expulsión a muchos hogares a pesar de la picaresca de no pocos caseros que trataban de esquivar la obligatoriedad de la medida.

Las demandas por impago de rentas de alquiler de vivienda habitual que se produjeran como consecuencia de una pérdida de ingresos sobrevenida por el Covid19, podrían acogerse a la petición de una paralización temporal del proceso judicial, incluso si ya se hubiera dictado sentencia de desahucio, en el caso de cumplir una serie de requisitos de vulnerabilidad.

Por último, el Real Decreto obligaba a los grandes tenedores de vivienda que tuviesen inquilinos con problemas para hacer frente al pago del alquiler, debido al confinamiento, a ofrecer una fórmula de pago que paliase su situación económica y les permitiera priorizar el pago de productos de primera necesidad por encima de las rentas del alquiler. De este modo se les permitía escoger entre reducir la renta a la mitad del importe habitual durante 4 meses, o aceptar una quita total de la renta, también durante 4 meses, y que se cobraría fraccionada a lo largo de los siguientes tres años y a partir de la reactivación del cobro de las rentas.

Sabemos que estas medidas fueron insuficientes en su contenido e inoperantes en su ejecución en muchos de los casos en los que se intentaron aplicar, e incluso cuestionables en algunos aspectos desde nuestros postulados, pero también es cierto que fueron una tabla de salvación para una buena parte del inquilinato, que habrían estado expuestos sin ellas, y que no habría habido ningún tipo de protección sin la lucha y la presión de los Sindicatos de Inquilinas.

Desde la entrada de la coalición en el gobierno estatal, para las distintas organizaciones y el movimiento de vivienda se abre un marco de posibilidad en torno al avance en la protección de los derechos sobre la vivienda. El proceso que ha llevado y lleva a cabo el Sindicato, no se entendería sin la experiencia y saberes acumulados en las etapas de presión institucional que han precedido al momento histórico en el que andamos inmersos.

Desde los debates entre los partidos sobre la elaboración de una Ley de vivienda, el Sindicato ha estado presente en las negociaciones y en las presiones hacia los distintos actores políticos para que esa ley, además de incorporar artículos a imagen y semejanza de la ley de Regulación, fuera lo más garantista posible, también en lo relacionado con la vivienda pública, desahucios etc.

Un punto de inflexión en las negociaciones y en la presión a los partidos que forman el gobierno y los partidos que los sostienen, es la formación de la Alianza por la Ley de Derecho por la Vivienda. Este espacio está formado por una decena de colectivos de todo el Estado que trabajan o tienen en sus líneas estratégicas la defensa de los derechos de la vivienda. El trabajo en este espacio, para el Sindicato, ha tenido dos momentos claves.

  • Elaboración de la Ley por el Derecho a una vivienda digna: este borrador de ley, con un total de 108 artículos, fué elaborado por las distintas organizaciones de vivienda de todo el estado. Este texto no sólo recogía los principales articulos para proteger el acceso a una vivienda, si no que era un compendio de normas que suponían un cambio de escala de forma cualitativa y cuantitativa en la protección al inquilinato y de regularización y control a los grandes propietarios, fondos e inmobiliarias. Además esta propuesta de ley estaba formada por artículos en torno a la vivienda pública, leyes antidesahucios o el acceso a una vivienda para las personas sin techo.
  • Acuerdo de Gobierno: Semanas después del registro de nuestra ley, el Gobierno de coalición llega a un acuerdo en materia de vivienda con la propuesta de ley. Como no ha sido la primera vez que ha existido un supuesto acuerdo, los primeros instantes después de que se anunciara, preferimos mantener cautela. Tras el paso de un par de días y tener acceso a los primeros borradores de este acuerdo, empezamos a realizar el análisis del mismo. En un primer momento, elaboramos un argumentario y una postura de que, a pesar que no incluía todo lo que demandamos en nuestra puesta, era un buen punto de partida para continuar presionando. En la actualidad y con el acuerdo más que definido, a pesar de que seguimos entendiendo que es al menos un punto de partida, la futura ley, está lejos de lo que propusimos en las negociaciones, sobre todo porque su supuesta capacidad de incidencias social no va a ser tan elevada como se se esperaba.

En definitiva, el camino recorrido por el Sindicato en cuestión se puede valorar, a nuestro juicio, de dos formas distintas. En primer lugar, y en clave de movimiento y organización, el Sindicato de Madrid ha tenido una gran capacidad de incidencia tanto social, institucional y comunicativamente. Posicionándose como referencia en el momento de las negociaciones y a la hora de promover nuestro relato en los medios de comunicación. Además, ha permitido proyectar una imagen de organización consolidada, fuerte y de influencia tanto hacia los sectores de población ya movilizados como para aquellos que no lo están. En segundo lugar, en clave del acuerdo, si bien no estamos conformes con el resultado final, sin nuestra presencia, trabajo y presión, el acuerdo que se hubiera alcanzado hubiera sido menos garantista, o incluso, no se hubiera abierto la ventana de posibilidad de una futura ley que regule el precio de los alquileres.

Impacto en la opinión pública

Durante los últimos cuatro años hemos tenido mucha presencia en medios de comunicación. Hemos conseguido que se nos reconozca como una de las voces más legitimadas para opinar sobre cuestiones de vivienda en nuestro país. Hemos debatido en medios con los representantes del sector inmobiliario, hemos defendido las políticas de vivienda y hemos participado en los debates en torno a las medidas que aprobaba o dejaba de aprobar el Gobierno en materia de vivienda. 

Nuestras intervenciones siempre han ido dirigidas a señalar que las cuestiones de vivienda no responden a la evolución del mercado, sino a un tipo de regulación e intervención pública que favorece la especulación. Por lo tanto, la subida de los alquileres, los desahucios, los privilegios de los bancos y los fondos buitre y que no haya apenas vivienda pública, tiene tanto responsabilidad política como una posible solución de la misma índole.