Con la no renovación de las prórrogas de alquiler, miles de inquilinas sufrirán desahucios invisibles por las subidas de precio que aún son legales.
El martes 22 de febrero el Consejo de Ministros ha decido dejar fuera del pretendido escudo social a todas las inquilinas y los inquilinos. Hasta ahora, la prórroga de los contratos de alquiler había sido la única e insuficiente medida que el gobierno había puesto en marcha para que las inquilinas pudiéramos defendernos frente a los insaciables beneficios de fondos buitres y rentistas. Como dijimos en su día, solo la suspensión del pago de los alquileres durante esos meses de encierro habría permitido a las personas inquilinas superar la asfixia económica.
Además, es importante reconocer que en el momento en que el mundo se paralizó por culpa de la pandemia, la primera respuesta del gobierno para proteger a las inquilinas fue no hacer nada. Fue en ese momento cuando nos pusimos a trabajar con más de 200 organizaciones para lanzar una huelga de alquileres que secundaron más de 16.000 inquilinas organizadas en 80 comités de diferentes localidades extendidas por toda España. Convertimos en sentido común el hecho de que si no cobrábamos salario no deberíamos pagar el alquiler, que los grandes propietarios no podían ser los únicos beneficiaros de una crisis mundial.
Durante esos días, cuando más frágiles y separadas nos encontramos, constatamos que la organización es la única capaz de protegernos. Gracias a la presión que generó la adhesión a la huelga el gobierno se vio obligado a decretar algunas medidas que, aunque insuficientes, frenaran la oleada de impagos que se estaba produciendo.
Pasados dos años, y con la promesa aún inconclusa de garantizar nuestros derechos a través de una nueva ley, el pasado martes el gobierno volvió a ponerse la capa de defensor de los derechos de los grandes propietarios. Como vimos, las prórrogas de 6 meses eran insuficientes por muchas razones, sobre todo porque si se pretendía congelar los precios del alquiler debían haber sido automáticas. La realidad que nos hemos encontrado durante estos meses es la de siempre, grandes propietarios negando derechos a miles de inquilinas que han encontrado en el Sindicato la única fuente para protegerse.
Con esta nueva situación el gobierno vuelve a poner directamente una carta blanca a la especulación, los desahucios invisibles se multiplicaran a voluntad de los grandes propietarios y fondos buitre. Mientras la ley de vivienda propuesta es todavía muy insuficiente, en vez de mantener las mínimas medidas de protección han decidido dar un paso más contra todas las inquilinas.
Pero sabemos que no estamos solas. Si algo hemos aprendido desde el comienzo de la pandemia es que solo saldremos de esta si nos organizamos. Llevamos años construyendo un movimiento que nos protege y que garantiza nuestros derechos.
Si tu casero intenta aprovecharse y subirte el alquiler, contacta con el Sindicato.
Todo esto sería imposible sin todas las afiliadas que día a día estamos construyendo el Sindicato. Afiliate al Sindicato, es más necesario que nunca.