Los Sindicatos de Inquilinas del Estado expresamos nuestro firme desacuerdo con las medidas propuestas por el Ministerio de Vivienda, encabezado por la Ministra Isabel Rodríguez, respecto a la regulación de los alquileres temporales y de habitaciones. Estas medidas no solo son ineficaces, sino que perpetúan prácticas abusivas y no ofrecen una protección adecuada para los inquilinos.
- Desplegar un reglamento no es cambiar la ley: Desplegar un reglamento” no es “regular”. Dejar la ley tal como está actualmente solo perpetúa los problemas existentes. El reglamento propuesto permite seguir utilizando el alquiler temporal para cobrar honorarios al inquilino o para hacerle pagar una fianza más alta de la permitida. Esto sigue siendo una brecha para burlar la regulación de precios y para aumentar el precio cada año, algo que en un alquiler habitual solo se podría hacer cada cinco años. En resumen, con esta propuesta, desviar la oferta al mercado del alquiler temporal sigue siendo rentable para los propietarios especuladores.
- Una plataforma web poco concreta: En segundo lugar, la plataforma web que propone la ministra es, en realidad, un sistema encubierto de licencias que responde a los intereses de la patronal. Además, transfiere el peso y las responsabilidades a las comunidades autónomas y puede tardar mucho tiempo en implementarse, tal como ya se vio con el índice de alquileres.
- Justificar la causalidad ya estaba previsto: Además, el hecho de tener que justificar la causalidad deja fuera a quienes necesitan una vivienda de uso habitual y continúa vulnerando los derechos de quienes pueden justificar la causa. Cabe recordar que los alquileres temporales han aumentado un 56% en detrimento del alquiler habitual, y el motivo no es porque haya más demanda, sino porque quienes especulan con la vivienda los utilizan para aumentar sus beneficios. Esto sigue tensionando el acceso a la vivienda y potenciando el desplazamiento hacia el alquiler temporal.
- Alquileres de habitación sin abordar: Asimismo, sucede lo mismo con quienes tienen que alquilar una habitación porque no pueden acceder a una vivienda entera. Es más necesario que nunca proteger sus derechos, y esta propuesta ha dejado completamente sin regular los alquileres de habitaciones y da vía libre a los colivings.
En definitiva, estamos entre dos modelos: el del gobierno y la patronal inmobiliaria, que pretenden hacer medidas estéticas para proteger a quienes quieren usar la vivienda para especular, y el modelo del derecho a la vivienda, el de la mayoría, que consiste en aplicar medidas reales y eficaces.
Por eso es necesario modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos tal como propusimos la semana pasada en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de miles de inquilinos y varios grupos parlamentarios. El PSOE aún está a tiempo de hacer las cosas bien y no dejarse llevar por la patronal. El Ministerio de Vivienda debe defender los intereses de las personas que sufren el difícil acceso a la vivienda.