Ayer se aprobó en el Consejo de Ministros la prórroga hasta el 9 de agosto de las medidas vigentes durante el estado de alarma en materia de vivienda. Básicamente se trata de una prórroga de:

  • Decreto 37/2019: Dictamina que las personas en situación de vulnerabilidad no pueden ser desahuciadas de su domicilio si no tienen una alternativa habitacional digna (los albergues no cuentan). Este decreto ha sido útil para paralizar algunos desahucios a través de recursos judiciales, pero es importante señalar que no todos los jueces lo aceptan, y por ello, se han seguido produciendo desahucios en plena pandemia.
  • Prórroga de 6 meses de los contratos de alquiler: El arrendador está obligado a prorrogar 6 meses los contratos de alquiler que finalicen hasta el 9 de agosto, si el inquilino lo pide. Estas prórrogas pueden acumularse hasta el 9 de agosto (dado que la medida entró en vigor hace justo un año), es decir, que si tu contrato finalizaba el 5 de mayo del 2020 y ya has pedido dos prórrogas de seis meses, ahora puedes pedir una tercera.
  • Reducción del 50% del alquiler o moratoria: Si el arrendador es un gran propietario (más de 10 viviendas) o una entidad pública y puedes demostrar vulnerabilidad, está obligado a aceptar una quita del 50% del alquiler o hacerte una moratoria.

Si tu arrendador no acepta la prórroga o tienes dificultades para comunicarte con él, escríbenos a asesoramiento@inquilinato.org

La prórroga de estas medidas es un parche a la crisis habitacional en la que vivimos miles de personas que, antes de la pandemia y de sus consecuencias económicas, ya teníamos grandes dificultades para acceder a la vivienda sin llegar ahogados a final de mes. Por eso, desde el sindicato de inquilinas/os, exigimos al Gobierno que apruebe una Ley Vivienda que garantice realmente este derecho. Para ello, exigimos la incorporación de las 8 medidas impulsadas por la Iniciativa Ley Vivienda:

  • Garantía del derecho efectivo a una vivienda digna
  • Ningún desahucio de personas vulnerables sin alternativa
  • Ampliación del parque público de alquiler social hasta el 20% del conjunto de viviendas
  • Regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios
  • Garantía de suministros básicos de agua, luz, gas y telecomunicaciones
  • Garantía de una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias
  • Ampliación presupuestaria para vivienda social hasta al menos el 2% del presupuesto estatal
  • Participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo

Una ley que regule los alquileres para bajar los precios de la burbuja que han estado subiendo durante tantos años. Una ley que incida estructuralmente en el modelo de vivienda y que la entienda como un derecho y no como un bien de mercado o de especulación.

A estas medidas se han comprometido los grupos parlamentarios de Unidas Podemos, Esquerra, EH-Bildu, Más País, Junts, Compromís, Nueva Canaria, CUP y BNG. Así también lo han reclamado miles de personas el pasado 20 de marzo. Ahora, está en manos del PSOE el definir si esta ley garantizará la vivienda para todos o si seguirá respondiendo a intereses económicos.