El Sindicato de Inquilinas y BDS -Boicot, Desinversiones y Sanciones- denunciamos que el Gobierno español continúa financiando al fondo de inversión israelí KKR, responsable de la financiación del genocidio al pueblo palestino, mediante la gestión de miles de millones de euros en vivienda pública a través de Sareb.
KKR -Kohlberg Kravis Roberts-, es uno de los principales proveedores de ocio y espectáculos musicales a nivel mundial; pero su actividad no se limita a eso, sino que se dedica a invertir en firmas israelíes de ciberseguridad, aportar capital para centros de datos y poseer la propiedad mayoritaria del conglomerado mediático que ofrece viviendas en territorios palestinos.
KKR administra más de 15.000 millones de euros en activos públicos de la Sareb, una entidad supuestamente dedicada a la gestión de vivienda pública. Mientras decenas de artistas y festivales culturales han decidido plantarle cara a KKR –responsable de macroeventos como el Viña Rock o el Sónar, actualmente boicoteados por más de 60 grupos–, el Gobierno sigue transfiriendo al fondo hasta 90 millones de euros anuales en comisiones a través del contrato que cede la gestión de la Sareb. Millones de euros que financian armamento israelí y ocupaciones contratistas al Derecho Internacional.
Romper este acuerdo no solo es una cuestión internacionalista en un contexto de genocidio, también lo es de justicia social: implica dejar de financiar con dinero público a un fondo buitre que ha contribuido al desmantelamiento de la vivienda pública en nuestro país. El boicot funciona, pero debemos seguir presionando y movilizándonos para acabar con todo vínculo de nuestro gobierno con el sionismo.
El Estado español es cómplice del genocidio en Palestina a través de este tipo de acuerdos, que canalizan fondos públicos hacia intereses empresariales que colaboran directamente con el régimen de ocupación israelí. Por ello, exigimos al Gobierno que no renueve el contrato con KKR.
