El modelo de urbanismo privatizado generó ayer en Madrid 4 muertes en C/Hileras pero si no se actúa ya podrían ser muchas más

Madrid, 8 de octubre de 2025

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid denuncia que el Ayuntamiento de Madrid fue advertido en múltiples ocasiones del peligro de las obras iniciadas bajo declaración responsable en edificios habitados, un modelo que ha dejado sin control público la seguridad estructural de la ciudad. Estas intervenciones, validadas por Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU) -empresas privadas contratadas por las propias promotoras- ponen en riesgo tanto a las familias residentes como a los trabajadores que operan dentro de los inmuebles.

El derrumbe del edificio de la calle Hileras ha evidenciado las consecuencias de esta política. El inmueble, tramitado con dos declaraciones responsables y una licencia, se desplomó en pleno centro de Madrid mientras era reformado para uso de hospedaje. El mismo esquema se repite en San Ildefonso 20 y en Tribulete 7, donde familias siguen viviendo entre obras de demolición que avanzan sin inspección pública previa y con condiciones de seguridad inexistentes. En todos estos casos, la supervisión fue delegada a una ECU privada, lo que demuestra que el Ayuntamiento ha privatizado el control urbanístico y ha permitido que empresas con intereses económicos directos ejerzan funciones que deberían ser estrictamente públicas.

Desde hace meses, el Bloque en Lucha de San Ildefonso 20 ha advertido al Ayuntamiento sobre la gravedad de su situación. Han presentado peticiones urgentes de reunión con el concejal del Distrito Centro, Carlos Segura Gutiérrez, una carta al alcalde José Luis Martínez-Almeida, solicitud de intervención en el Pleno municipal y una consulta ciudadana registrada. Ninguna de estas comunicaciones ha dado lugar a una inspección, una respuesta efectiva o una medida de protección. Las vecinas pidieron que el Ayuntamiento verificara si las obras ejecutadas se correspondían con lo declarado por la promotora y que se actuara de forma inmediata para garantizar la seguridad, pero el silencio institucional ha sido total.

El modelo impuesto por el Área de Urbanismo ha convertido la inspección en un negocio. Las ECU, pagadas por las promotoras, validan sus propios proyectos sin control municipal y sin que nadie asuma la responsabilidad de lo que ocurre cuando las cosas salen mal. Este esquema no solo debilita la fiscalización pública, sino que genera un conflicto de intereses estructural: quien cobra por aprobar no puede garantizar la seguridad. El resultado está a la vista: cuatro trabajadores fallecidos y un edificio derrumbado en Hileras, otros en obras habitadas bajo el mismo sistema y una ciudad entera expuesta a nuevos riesgos evitables.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid exige la paralización inmediata de todas las obras en viviendas habitadas bajo control de las ECU, una auditoría independiente del sistema de entidades colaboradoras y la recuperación del control urbanístico público como función esencial e intransferible de la administración. Reclama también responsabilidades políticas, en particular las del delegado de Urbanismo Borja Carabante, por mantener un modelo que antepone los intereses de las promotoras a la seguridad y al derecho a la vivienda.

Madrid se está derrumbando bajo el peso de un urbanismo privatizado que ya ha empezado a matar. El Ayuntamiento fue advertido, dispone de pruebas y registros, y eligió no actuar. Si nada cambia, el próximo derrumbe podría ocurrir en cualquiera de los edificios que hoy siguen en obras bajo este mismo sistema.

Asimismo, el Sindicato de Inquilinas se solidariza y traslada públicamente un abrazo fraternal a los familiares de los trabajadores asesinados por este modelo de ciudad neoliberal dirigido por el PP madrileño.