Esta mañana, un grupo de inquilinas organizadas en el Sindicato de Inquilinas ha irrumpido en la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en C/Agustín de Foxá nº 28-30 para denunciar el escándalo de la subasta de viviendas públicas en manos del organismo y exigir que todas ellas se mantengan dentro del parque público de vivienda y se destinen a alquiler social permanente.

Las inquilinas han interrumpido la subasta leyendo un manifiesto en el que señalan cómo la administración pública se comporta como un fondo buitre más, expulsando de las viviendas a vecinas que llevan más de 20 años en sus viviendas para que se haga negocio con ellas. La alternativa que ofrecen es una; o compran las viviendas por cifras que rondan el millón de euros o se van a la calle.  

Estas viviendas, propiedad del Estado, fueron gestionadas inicialmente por la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), un programa del gobierno de Zapatero que promovió el acceso a la vivienda para jóvenes. Sin embargo, desde la disolución del programa y la reabsorción por parte de la TGSS, los alquileres han subido un 30% y, ahora, el Estado pretende vender estos inmuebles a inversores a precios desorbitados, sin ofrecer alternativas viables a las vecinas que llevan casi dos décadas habitando sus hogares.

La acción denuncia la contradicción entre los discursos del Gobierno y la realidad de sus políticas. Mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la ministra Rodríguez hablan de blindar y ampliar el parque público de vivienda, la Tesorería expulsa a decenas de familias de sus hogares y vende el patrimonio público. La Tesorería posee más de 800 viviendas vacías, muchas de ellas abandonadas desde hace décadas, generando un coste de 143 millones de euros al Estado. Mientras, ejecuta desahucios invisibles a través de la no renovación de contratos.

Las inquilinas de bloques situados en Argüelles, Ventas, Vallecas, Lavapiés y San Cristóbal se han organizado en el Sindicato de Inquilinas para frenar la venta de vivienda pública y defender el derecho a la vivienda, recogido en el artículo 47 de la Constitución. La reivindicación es clara: paralizar de inmediato las subastas de vivienda de la TGSS y garantizar que todo el patrimonio de la Tesorería pase a formar parte del parque público en régimen de alquiler social permanente.