Desde el 31 de marzo de 2022, todos los grandes propietarios están obligados a actualizar anualmente el contrato de alquiler con ese tope si lo exige el inquilino

En la tarde de este viernes decenas de inquilinas e inquilinos de Madrid se han reunido frente al Teatro Valle Inclán en Lavapiés convocados por el Sindicato de Inquilinas de Madrid con el objetivo de poner en común un problema al que se enfrentan con las actualizaciones anuales de sus contratos de alquiler: sus caseros pretenden aumentar la renta por encima del 2%.

Desde el Sindicato observan cómo esta problemática no deja de crecer, por lo que se ha convocado esta asamblea en la que se han dado respuesta a dudas que la mayoría de inquilinos e inquilinas comparten, y se han comenzado a trazar estrategias de resistencia ante esta vulneración de sus derechos.

Desde el 31 de marzo de 2022, todos los grandes propietarios están obligados a actualizar anualmente el contrato de alquiler con un máximo del 2% si lo exige el inquilino (un límite aplicado en virtud del artículo 13 del Real Decreto 11/2022). De esta forma, la actualización de los contratos se hace por el Índice de Garantía de la Competitividad (IGC) en vez de hacerse por el típico IPC que todas conocemos. Son muchos los propietarios que están intentando saltarse esta ley diciendo que el IGC actualmente se sitúa en un 5,42%, aún cuando conocen la normativa. El IGC es un índice que por su definición se encuentra limitado en negativo al 0% y en positivo al 2% (según se recoge en el Anexo de la Ley 2/2015).

A la reunión han acudido personas de bloques enteros, como el situado en la Calle Chopera 29, un edificio de más de 15 viviendas a las que su casera, una empresa familiar dedicada a la especulación inmobiliaria, les está presionando para que acepten una actualización de la renta de su alquiler de casi el 6%, negándose a aceptar el tope de subida del 2% establecido legalmente.

Como comenta Clara, inquilina de uno de los bloques a quienes su casero pretende cobrar esta subida, “para un alquiler de 1000€, con la subida ilegal nos estarían cobrando más de 34€ más al mes, lo que en un año supone un aumento del alquiler de más de 410€”.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid denuncia que no existan sanciones a los caseros que decidan saltarse esta normativa, saliéndoles a coste cero infringir las escasas medidas legales que a día de hoy, sin una Ley de Vivienda realmente efectiva en la regulación de los alquileres, han logrado conquistar los inquilinos e inquilinas.