Cada semana nos llegan al Sindicato de Inquilinas varias de historias de no renovación del contrato de alquiler, de subida abusiva del precio o, directamente, de familias a las que les inician un procedimiento judicial cuando dejan de poder afrontar el precio del alquiler. La historia de Imelda empieza en 2008, cuando entró a vivir en un primer piso de la Avenida de Carabanchel Alto, pero legalmente esta historia no arranca hasta 2018, cuando la propiedad, por fin, se decide a regularizar la situación y se aviene a firmar un contrato de alquiler. Hasta entonces Imelda había estado viviendo en su casa, pero sin contrato escrito. Sin embargo, en ese momento la propiedad, de la mano de la gestora AYPE 3 y del bufete Aníbal Consulting, insistió en firmar un nuevo contrato que, por un defecto de forma intencionado, decía que Imelda llevaba en esa casa desde 2014. De esta manera se daba pie a que pocas semanas después de la firma le llegase a Imelda un burofax comunicándole que debía abandonar la vivienda tras el fin de la prórroga tácita del contrato en el que por escrito constaba que había sido firmado en 2014, aunque en realidad esta firma fuese de 2018. El 31 de diciembre de 2018 se iba a acabar su contrato y tenía que terminar de recoger sus cosas para marcharse de la casa en la que había vivido la última década.

Ante este tipo de situaciones el inquilinato se encuentra desprotegido frente a una legislación que promueve la inestabilidad de los contratos de alquiler y que posibilita que no se justifique la no renovación de los mismos, aunque la inquilina no pueda permitirse pagar los precios de mercado actuales y no cuente con alternativa habitacional alguna. Solo en el ejercicio 2016-2017 crecieron los precios una media de un 18’9% en Madrid ciudad, al tiempo que aumentaban un 9’6% las denegaciones de la prórroga con corolario judicial, esto es, los casos en los que la propiedad se niega a renovar los contratos.

Para Imelda, la única salida que era plantarse y no marcharse, pero sabía que no tenía la ley de su mano y que probablemente iba a acabar siendo expulsada en otro procedimiento judicial que vendría a engrosar esas estadísticas que contabilizan los cientos de desahucios, visibles o no, que inundan diariamente Madrid. Pero con lo que sí contaba Imelda era con la legitimidad necesaria para plantarse y con el apoyo para hacerlo del Sindicato de Inquilinas de Madrid y de la Asamblea de Vivienda de Carabanchel.

Si en un principio ni propiedad ni gestora cogían las llamadas de Imelda, el 28 de diciembre de 2018, cuando acudimos a las oficinas de la gestora AYPE 3 a exigirles que se sentasen a negociar, empezaron a escuchar lo que teníamos que decirles. La presión colectiva hizo que apenas una semana después nos reuniésemos con la propiedad, la cual, si bien se sentó a escuchar lo que Imelda les tenía que decir, se negó de modo tajante desde un inicio a renovar su contrato por el mismo precio y propuso una subida del 60% respecto al anterior. Pero les dijimos claramente que #NosQuedamos y que no íbamos a aceptar ni sus estafas (defectos de forma mediante) ni sus subidas abusivas, porque, aunque la ley nos deje desprotejidxs frente a la propiedad, el movimiento por el derecho a la vivienda ha demostrado durante años que organizadxs somos más fuertes. Y eso los especuladores lo saben: apenas una semana después tuvimos sobre la mesa una oferta de renovación con una subida moderada y asumible hasta febrero de 2020. Esta vez Imelda no se ha convertido otro número más en esas estadísticas, porque Imelda sí se queda.

Hoy queda más claro que los grupos por la vivienda y los Sindicatos de Inquilinas son capaces de garantizar el acceso a la vivienda frente a los abusos de la propiedad. Si tienes alguna duda o problema con el alquiler, escríbenos a asesoramiento@inquilinato.org o acércate a alguna de nuestras sesiones de asesoramiento colectivo los viernes alternos a las 18:30 en el EVA (Espacio Vecinal Arganzuela, Plaza de Legazpi, 7).