28 hogares madrileños que han vivido durante 19 años en viviendas gestionadas por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) se enfrentan a desahucios invisibles, una expulsión totalmente inesperada. El Estado, su casero, les ha notificado la no renovación de sus contratos de alquiler, ofreciendo como única alternativa la compra de sus viviendas, tasadas por encima del valor catastral en un mercado viciado, algunas en más de un millón de euros. La apuesta del Gobierno es clara: expulsar a las vecinas en plena crisis de vivienda, mientras continúa proclamando la necesidad de blindar el derecho a la vivienda.

Ante este atropello, las vecinas de Argüelles, Lavapiés, Ventas y Pacífico se han organizado en el Sindicato de Inquilinas de Madrid y se han sumado a la estrategia Nos Quedamos para defender sus hogares y hacer frente a esta ofensiva especulativa. No se trata solo de defender sus casas, sino de plantar cara a un modelo que busca privatizar vivienda pública, ponerla en manos de intereses privados o fondos buitres, destruir barrios y contribuir a la creciente emergencia habitacional que afecta a miles de personas.

Estas viviendas, propiedad del Estado, fueron gestionadas inicialmente por la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), un programa del gobierno de Zapatero que promovió el acceso a la vivienda para jóvenes. Sin embargo, desde la disolución del programa y la reabsorción por parte de la TGSS, los alquileres han subido un 30% y, ahora, el Estado pretende vender estos inmuebles a precios especulativos, sin ofrecer alternativas viables a las vecinas que llevan casi dos décadas habitando sus hogares.

Lo más escandaloso es que la TGSS posee más de 800 viviendas vacías, muchas de ellas abandonadas desde hace más de una década, generando un coste de 143 millones de euros al Estado. Y mientras esos pisos permanecen desocupados, el Estado pretende desahuciar las únicas viviendas que han estado habitadas de manera constante y que no solo no han generado costes, sino beneficios para las arcas públicas.

A pesar de llevar meses exigiendo una negociación colectiva para estabilizar su situación, la TGSS ha rechazado establecer cualquier tipo de comunicación. En vez de buscar soluciones conjuntas, como la cesión de uso a una cooperativa gestionada por las inquilinas o una renovación de contratos con las mismas condiciones, el Estado prefiere subastar estas viviendas y dejarlas caer en manos de fondos buitres o promotoras inmobiliarias que las reforman y las destinan a pisos turísticos, o las dejan vacías y abandonadas.

Así, el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez, contribuyen activamente a la especulación inmobiliaria, a pesar de sus discursos sobre el derecho a la vivienda y la necesidad de ampliación del parque público de alquiler. Esto deja claro una vez más que el Estado no es la solución a la crisis de vivienda, sino uno de sus principales impulsores.

Pero las inquilinas de la TGSS están decididas a luchar para quedarse en sus casas a toda costa. Se han organizado colectivamente para no ceder ante la especulación, defendiendo no solo sus hogares, sino todas las viviendas públicas que se pretenden privatizar con esta operación. Con su acción, se suman a la lucha por la vivienda pública y protegida junto a las inquilinas del Plan Vive de la Comunidad de Madrid y las inquilinas de la Caixa de Catalunya, que llevan varios meses en huelga de alquileres para proteger sus viviendas de la privatización.